Lanzan un protocolo para saber qué hacer ante un caso de violencia

Derechos de las mujeres|El conocimiento de las herramientas disponibles es fundamental para garantizar el acceso a la justicia de todas aquellas personas que se autoperciben como mujeres

La Clínica Jurídica del Programa de Ética y Teoría Política, radicado en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) elaboró un Protocolo de Actuación para casos de violencia de género en el ámbito de la provincia de Córdoba, que será presentado en sociedad en esta jornada. Los hechos de violencia de género expuestos públicamente en los últimos días han visibilizado, aún más, la situación de desigualdad, discriminación y violencia que sufren todas aquellas personas que se autoperciben como mujeres y las dificultades existentes para denunciar ante las instituciones pertinentes. En este contexto, la falta de información sobre los mecanismos disponibles para actuar frente a estos casos constituye un obstáculo importante en la búsqueda de la equidad de género. Frente a esta realidad, herramientas de este tipo que posibilitan el acceso a la información son indispensables.

El protocolo elaborado bajo la dirección de Hugo Omar Seleme, se propone realizar un aporte a los fines de hacer efectivos derechos humanos fundamentales de las mujeres, principalmente aquellos relacionados al acceso a la justicia y a vivir una vida libre de todo tipo de violencia. En este sentido, brinda información relevante y útil acerca de los procedimientos y acciones que surgen de la legislación de la Provincia de Córdoba y que pueden activarse frente a situaciones concretas de violencia contra la mujer por el solo hecho de serlo. Contempla situaciones comprendidas por la ley provincial 10.401 (de violencia de género), los sujetos amparados por dicha norma, los tipos y modalidades de violencia de género que pueden denunciarse, quiénes pueden hacerlo y dónde, y las medidas de protección personal que pueden solicitarse por medio de la denuncia, entre otros aspectos. “Se pretende que las víctimas cuenten con la información necesaria respecto de los mecanismos concretos para obtener protección estatal”, explica a HOY DÍA CÓRDOBA Ayelén Heredia, miembro del Programa de Ética y Teoría Política. En ese sentido, la abogada destaca que garantizar el acceso a la información, y con ello a las normas fundamentales para la protección de las víctimas, es parte esencial del camino para la realización efectiva de la igualdad.

En los fundamentos del material, el equipo de profesionales realizó un repaso de la historia jurídica a nivel tanto internacional como nacional, que fue gestando las leyes y normas que actualmente están efectivas en pos de garantizar derechos humanos fundamentales. En ese sentido, menciona que en el año 1979, con la aprobación de la Convención contra todas las formas de discriminación hacia la mujer por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, comienza a visibilizarse la sistemática discriminación y violencia que las mujeres viven en todo el mundo y con ella la necesidad de otorgar una protección especial a este colectivo tendiente a lograr la igualdad entre hombres y mujeres.

Con este tratado comienza a delinearse un bloque normativo internacional que continuó, en el ámbito interamericano, con la aprobación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –Belem do Para- en el año 1994, ratificada por Argentina en 1996. “La normativa internacional reseñada fue incorporada a nuestro ordenamiento jurídico a través de la reforma constitucional del año 1994. Desde entonces, el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional establece la jerarquía constitucional de los tratados mencionados y de otros que puedan incorporarse en el futuro en ciertas condiciones”, destaca.

En este orden de ideas, ha sido necesario dictar leyes a nivel nacional y provincial que transformen esas declaraciones o expresiones generales en mecanismos concretos de protección. Así, en el año 2009 el Congreso de la Nación aprobó la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales; en tanto que en el año 2010 la Legislatura de la provincia de Córdoba sancionó la Ley de violencia familiar 9.283. Posteriormente, en pos de ampliar la protección de las mujeres víctimas de violencia y hacer efectivas las disposiciones de la Ley Nacional 26.485, en noviembre de 2016 la legislatura provincial sancionó dos leyes: la Ley 10.400, que modifica la Ley de violencia familiar 9.283, y la Ley 10.401, que busca proteger a las mujeres víctimas de violencia por cuestiones de género. En esta última ley se concentra este protocolo. Esta normativa establece aspectos jurisdiccionales y procesales orientados a asegurar una protección integral en instancias jurisdiccionales y administrativas a las mujeres.

La situación de desigualdad, discriminación y violencia que sufren las mujeres en los diversos ámbitos de su vida tiene carácter estructural y sistemático y hunde sus raíces en profundas estructuras arraigadas social y culturalmente, que en este protocolo se los destaca en el patriarcado, la heteronormatividad y el contrato sexual. “Si bien estas soluciones legislativas han intentado avanzar en la eliminación de la complejidad de esta problemática, el asunto no se agota allí. Por el contrario, requiere de cambios estructurales a nivel socio- cultural”, alertan los abogados de la facultad de Derecho de la UNC en el trabajo. “De todos modos, creemos que los avances legislativos y la activación de los mecanismos de protección que estos proponen sirven, en primer lugar, para proteger a las mujeres víctimas de violencia y, en segundo lugar, para visibilizar, denunciar, concientizar sobre la situación que actualmente viven las mujeres y la necesidad de su protección especial”, reflexiona Heredia. De allí la importancia de contar con información útil, completa, y suficiente sobre las posibilidades que otorga nuestro ordenamiento jurídico frente a situaciones de violencia de género.

Cómo está compuesta la guía de actuación
La herramienta elaborada por la Clínica Jurídica del Programa de Ética y Teoría Política de la Facultad de Derecho de la UNC inicia mencionando las diferentes situaciones comprendidas dentro de la ley provincial 10.401. Además de aclarar al sujeto amparado en esta norma, como “toda persona que se perciba como mujer”, enumera y describe los tipos de violencias comprendidos en la misma, esto es: física, psicológico o emocional, sexual, económica y patrimonial, y simbólica. También refiere acerca de las modalidades de violencia: institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática.

En uno de sus tramos, el protocolo además recuerda los principios que rigen para la aplicación tanto de la ley provincial como de la nacional. Por ejemplo, el de no re victimizar a la mujer, lo que implica no exponerla a la menor cantidad de situaciones que la hagan re-vivenciar los hechos de violencia que sufrió. Comprende la prohibición de recurrir a los procesos de mediación y de conciliación ya que la víctima no puede ser obligada a tener contacto con el agresor. También ofrece una completa guía sobre los lugares donde se receptan las denuncias por violencia de género, diferenciando si la agresión configura un delito o no.

Un párrafo que vale destacar es el relacionado a las personas facultadas a denunciar y aquellas obligadas a hacerlo. En el primer caso enumera seis tipos de sujetos con esa capacidad, entre los principales se encuentra: la mujer o su representante legal, la niña o adolescente de manera directa o a través de sus representantes legales, cualquier persona cuando la afectada tenga capacidad restringida o incapacidad o que por su condición física o psíquica no pudiese formularla. En el segundo caso, recuerda que quienes se desempeñen en servicios asistenciales, policiales, sociales, educativos, de justicia y de salud están obligados a formular denuncias cuando tomen conocimiento de un hecho de violencia en ejercicio u ocasión de sus funciones, aún cuando el hecho no constituya delito. Por último, el trabajo menciona las medidas que puede disponer el juez o fiscal interviniente y las disposiciones para hacer efectivas las medidas de protección personal. Desde este miércoles, el protocolo de actuación completo podrá consultarse y descargarse a través de la página programadeetica.com.ar.

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